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Torturas en España

-Javier Ortiz
Apuntes del Natural-

Se ha montado un gran escándalo por la muerte de un ciudadano de Roquetas de Mar (Almería) en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad. El informe forense ha desbaratado el intento de presentar el fallecimiento de Juan Martínez Galdeano como el resultado de un «paro cardíaco». Nadie niega que el hombre sufrió un paro cardíaco –no hay muerte que no apareje tal circunstancia–, pero la cuestión es por qué se le detuvo el corazón. La autopsia ha revelado que Juan Martínez recibió de una monumental paliza.

Las informaciones y las denuncias más comunes se centran en el carácter violento del teniente de la Guardia Civil de Roquetas, al que se identifica como Juan Manuel R. Algunas denuncias amplían el círculo de responsables, ante la evidencia de que una sola persona no pudo infligir a Martínez Galdeano todas las sevicias que relata el informe forense. Sin embargo, hasta el examen más superficial de lo ocurrido obliga a concluir que las complicidades van bastante más lejos. No fueron el teniente R. y sus compañeros, sino la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, la que quiso echar tierra sobre el asunto elaborando un informe en el que se daba una versión desvergonzada de los hechos, según la cual los agentes de la Guardia Civil se habían limitado a tomar medidas cautelares para evitar que Martínez Galdeano se autolesionara o les lesionara a ellos, tras de lo cual el detenido, víctima de un terrible acceso de furia, había sufrido un ataque al corazón.

Debe prestarse igual atención al hecho, ahora conocido, de que unos u otros miembros de la dotación de la Guardia Civil de Roquetas, y en especial el teniente R., habían sido denunciados de manera reiterada por malos tratos ante la autoridad judicial, sin que en ningún caso esas denuncias hubieran sido admitidas a trámite. Hay buenas razones para reclamar que también la autoridad judicial de Roquetas sea investigada.

De todos modos, la singularidad mayor de los sucesos de Roquetas no estriba en lo que se ha sabido, sino en el hecho de que se haya sabido y el Ministerio del Interior haya tomado cartas en el asunto. Porque lo más frecuente en España ante las denuncias de torturas es el silencio oficial y el archivo judicial de las actuaciones. Hay casos en los que resulta directamente imposible explicar las lesiones de los detenidos –o el hecho de que hayan aceptado autoinculparse de crímenes de los que luego se ha demostrado que eran inocentes– que no se han traducido en ningún sumario, ni en ningún expediente disciplinario, ni en nada. El español debe de ser de los pocos Estados europeos que no sólo ha amnistiado a agentes policiales condenados en firme por torturas –porque alguna condena sí ha llegado a sustanciarse–, sino que a continuación los ha condecorado. Año tras año, los informes de Amnistía Internacional relatan denuncias de tortura que sus enviados han investigado y considerado creíbles, que no han merecido la más mínima atención de las autoridades. De ninguna: ni de las políticas ni de las judiciales. Tanto AI como los organismos especializados de la ONU ha hecho llegar a los gobiernos españoles sucesivas sugerencias sobre medidas que deberían adoptarse para impedir que se produzcan torturas en comisarías y cuartelillos, y hoy es el día que siguen sin ser atendidas.

No pretendo que todos los guardias civiles sean torturadores, ni mucho menos. Lo que digo es que aquellos que lo son no tienen mayores dificultades para serlo. Y que si siéndolo obtienen resultados, hasta los premian y los ascienden.

Javier Ortiz
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